01 Dic Chitón democrático
Chitón democrático
Micaela Esgueva
Que el sistema o aparato autonómico español no funciona tanto como había prometido es algo que sólo los más fanáticos pueden negar. Como se trata de España, se ha reservado la colección de más gruesos insultos al que pusiera en duda siquiera un poco, al que solamente hiciera una pregunta, sobre la eficacia del mismo o sobre la posibilidad o la conveniencia de retocarlo y mejorarlo.
Ya se sabe que ese territorio en el que se cruzan filosofía y política es un lodazal repleto de economistas, picapleitos, lougrants y, desgraciadamente, profesores universitarios indiscutibles. Todos muy imbuidos de su heroico papel. Bueno, que eso es lo que digo, que ya se sabe, y que con esas cartas hay que jugar. Pero súbitamente, en el momento menos oportuno, se ha colado un naipe de otra baraja.
Si hablamos de que hay que respetar principios democráticos, estamos hablando de filosofía, lo sepan o no quienes hablan. Cuando hace no muchos años un parlamento autonómico decidió que la Constitución no iba con él, que el principio de legalidad no era respetable y que el imperio de la ley era una idea fascista, casi nadie hizo nada, empezando por aquel apático, negligente, inane y desidioso gobierno nacional presidido por Rajoy, que hizo programa máximo de aquel «no quiero líos»: cuando esperábamos una reacción democrática, una afirmación del Estado de Derecho, todo lo que obtuvimos fue una remisión de no sé qué documentos a no sé qué notarios o fiscales, y una catastrófica torpeza de porrazos y botes de humo ante la pueril fiestecita de urnas pícaras y adolescencias revolucionarias. El clamor fue imparable, y casi se lleva por delante, con el periodismo anglosajón a la cabeza, como era de esperar, a la democracia española (que, a propósito, ya tenía más años y más experiencia que las democracias europeas que se tenían por modélicas cuando España empezaba a fabricar la suya allá por 1977). Curiosa y paradójicamente, fue un periodista inglés de la BBC en su programa Hard Talk el que ante una enorme audiencia puso las peras al cuarto a uno de los capitanes fascistas autodenominados antifascistas, lijándolo precisamente con el principio de legalidad, nada menos.
Es que hay que tener mucho cuidado y no importunar a los autonómicos españoles, que, aunque haya sobrado conocimiento de su origen secular, sus antepasados, su herencia y sus inercias, por todos los dioses, son expresión perfecta de la democracia. Cómo no recordar aquel «entre lo que tengo y lo que me van a dar» o «quiénes hemos ganado». A los autonómicos, chitón. Es tan democrático, pero tan tan tan democrático esto de las autonomías, que si una de ellas decide que el principio de legalidad es una cosilla de rango inferior, hay que respetarlo democráticamente.
Salvo que se trate de la autonomía de un lugar que no tiene, veamos, por ejemplo identidad; ni historia; ni baile propio, que es ya el acabose; incluso ¡ni lengua!, quizá es de sordomudos o de lombrices o no se sabe: ni lengua. Las cacerías de cargos políticos apuntando a su línea de coalición no son precisamente nuevas, pero supeditar la salud pública y los miles de muertos semanales a una de ellas era un espectáculo que no esperábamos habernos encontrado en estos tiempos. Cómo situarse a un lado o a otro de la pelea a pedradas entre el gobierno nacional y el autonómico madrileño del pasado septiembre: imposible. Ni uno era el Coyote ni el otro el Correcaminos; ni uno era el gato Silvestre ni el otro Piolín (oh, Piolín). Vaya dos patas.
En esto que el gobierno nacional, y es imposible afirmar que por limpias y sencillas intenciones, decide arremeter contra ese gobierno autonómico madrileño y ordenarle la imposición de unas medidas a la población relacionadas con la suspensión de sus derechos de circulación y otros que, muy bien, de acuerdo, quién es una para decir que no eran necesarias… pero necesarias al mismo tiempo que lo era la limpieza política y jurídica para imponerlas (como mínimo, se hubiera requerido una ley orgánica con mayoría cualificada del Congreso, pero en fin).
Si no está en eso el fondo de la cuestión. Eso es un asunto de salud pública, y doctores tendrá esa iglesia, suponemos. La presidenta de ese territorio autonómico afirma en público que acata la orden y ordena a su vez ponerla en práctica, pero que pone a sus servicios jurídicos a estudiar un recurso contra la misma.
La vicepresidenta del gobierno llamada Carmen Calvo, que no destaca ni por su conceptismo, ni por su inteligencia ni por su, cómo decirlo, sí, eso es, talante, corrió a dar su lección (no es la primera vez, empieza a dar pereza oírla):
– Que acate la orden y no haga más comentarios.
Así, con un par. Una leccioncita de libertad democrática de palabra, de principio de legalidad, de, cómo decirlo, sí, eso es, talante.
Decidlo de una vez: con vuestros espasmos autoritarios y petulantes, ¿debemos suponer que estamos ante la incubación de un huevo de serpiente? ¿O son sólo vómitos sin agenda?
